Noticias y Actualidad de Plena inclusión La Rioja

La Delegación del Gobierno ha concedido a Plena inclusión La Rioja la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica y del Mérito Civil por su compromiso ético en el apoyo a las víctimas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de la puesta en marcha del Equipo de Facilitadores. La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, entregó este galardón a la presidenta de Plena inclusión La Rioja, Elena Soria, durante el acto organizado para conmemorar el 44º Aniversario de la Constitución Española, en el que fueron reconocidas con esta distinción  diferentes personas y colectivos.

El Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo se creó en 2013 para garantizar los derechos de un colectivo especialmente vulnerable y que sufre mayores índices de abuso, especialmente en el caso de mujeres y menores. A esto se suma el hecho de que, en muchas ocasiones, las personas con discapacidad intelectual no son conscientes de que están siendo víctimas de un delito, o no consiguen verbalizarlo y denunciar.

Aunque su creación fue en el año 2013, el Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual comenzó a prestar su labor en 2015, tras dos años de formación específica. Desde entonces, ha atendido en La Rioja a un total de 202 víctimas, 53 agresores y 7 testigos. Todas estas personas han sido acompañadas a lo largo de todo el proceso y, en los casos en los que se considera necesario, se realiza también un seguimiento posterior y acompañamiento para apoyar y garantizar todos sus derechos.

El apoyo que ofrece el Equipo de Facilitadores de La Rioja, uno de los pioneros en España en este ámbito, pasa por saber detectar cuándo se producen situaciones de abuso, escuchar a la víctima, ayudarle a que se proteja, explicarle los pasos que puede dar, apoyarle en su decisión (bien sea denunciar o no), acompañarle en los diferentes procesos, ofrecer terapia y hacer accesible cognitivamente toda la información para que entienda el proceso. En definitiva, garantizar y defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.